Reglamento de legalizaciones de documentos electrónicos

Reglamento de legalizaciones de documentos electrónicos
del Colegio de Traductores e Intérpretes de Provincia de Buenos Aires.

Fundamentos:
Motiva el dictado del presente Reglamento la necesidad de dar respuesta a una nueva realidad generada por la creciente confección y emisión de documentos e instrumentos electrónicos, públicos y privados firmados digitalmente, que deben ser traducidos o intervenidos por traductores públicos.
El artículo 288 del Código Civil y Comercial, las leyes 25506 de Firma Digital en la República Argentina y 13666 en la Provincia de Buenos Aires, con sus correspondientes Decretos reglamentarios y normativa complementaria, otorgan la misma validez jurídica a la firma hológrafa y a la firma digital cuando no esté expresamente previsto lo contrario; se establece así que cuando la ley requiere una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.
Por ello, nada impide que un traductor público en ejercicio de sus competencias en el marco de la ley 12048 y su modificatoria ley 14185, firme digitalmente traducciones públicas u otros documentos previstos en la normativa vigente.
Por otra parte, si bien los Colegios de profesionales no integran la Administración Pública provincial, sería conveniente acompañar los lineamientos de la ley 14.828 que implementa el Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de llevar adelante un proceso de modernización administrativa en la Provincia. El Plan Estratégico de Modernización del Estado está compuesto por un conjunto de programas, normas y procedimientos destinados a instalar en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un nuevo modelo
de gestión de los recursos públicos sustentado en la planificación y control, en el proceso de reforma de los sistemas administrativos, a fin de lograr una administración orientada a los resultados, y a la transparencia y control ciudadano en la gestión pública. El artículo 1° del Anexo I de la ley 14.828 enuncia como su objetivo: “Alcanzar una gestión pública de calidad que posibilite la provisión eficaz y eficiente de bienes y servicios públicos a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires de manera equitativa, transparente y efectiva, para una mayor integración y desarrollo de la sociedad, impulsando la ejecución de sistemas de conducción sistemáticos y coordinados y el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) por parte del Estado Provincial”.
Reglamento:
En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Estado Provincial y conforme a las facultades conferidas por el Artículo 5°, inciso b) de la Ley 12048 y su modificatoria Ley 14.185, el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires dicta el presente Reglamento de Legalizaciones de documentos electrónicos, que es complementario del Reglamento de Legalizaciones vigente.
ARTÍCULO 1º: Los Colegios Regionales de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires verificarán y certificarán las firmas digitales de los profesionales matriculados aplicadas a todo documento electrónico emanado de dicho profesional y que sea presentado de conformidad con Ley 12048 y su modificatoria Ley 14.185. La certificación de la firma digital incluirá la verificación de la vigencia de la matrícula del profesional actuante y del certificado de firma digital, la integridad del documento electrónico y el cumplimiento de los requisitos formales de la documentación presentada.
Una vez efectuado dicho cotejo, el Colegio Regional devolverá un archivo electrónico con la documentación presentada por el matriculado, acompañada del correspondiente folio de legalización firmado digitalmente por la autoridad competente, con las formalidades que el Consejo Directivo disponga.
ARTÍCULO 2º: Los documentos electrónicos creados y firmados digitalmente de conformidad con esta reglamentación y la Ley 25.506 de Firma Digital, tendrán el mismo valor legal que los documentos firmados en soporte papel de conformidad con la Ley 12048 y su modificatoria Ley 14.185, y demás normas complementarias.
ARTÍCULO 3º: El documento electrónico presentado por el profesional matriculado deberá contener en un mismo archivo el documento fuente y su correspondiente traducción. El documento fuente puede ser un documento electrónico original o un documento en soporte papel digitalizado y debe adjuntarse al archivo de la traducción. La traducción debe estar encabezada por el título que corresponda (traducción pública, dictamen, informe, transcripción) e incluir al pie la fórmula de cierre y el lugar y fecha de emisión, todo en idioma español. En caso de que no se practique la traducción completa del documento, se deberá dejar constancia de que es traducción de la/las parte/partes pertinentes. El traductor público matriculado firmará digitalmente el documento electrónico.
ARTÍCULO 4º: Sólo se legalizarán documentos en formato pdf.
ARTÍCULO 5º: No se legalizarán traducciones en soporte digital si no están firmadas por el traductor matriculado con un certificado de firma digital vigente y emitido por una Autoridad de Registro de Firma Digital en la República Argentina, u otra que el Colegio de Traductores e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires acepte como habilitada para tal fin.
ARTÍCULO 6º: No se legalizarán traducciones en soporte digital si el documento fue modificado luego de haber sido firmado digitalmente.
ARTÍCULO 7º: Cada profesional será responsable en forma personal por el correcto uso de su firma digital, de conformidad con lo establecido por la Ley 25.506. Ante cualquier circunstancia que comprometa la privacidad de los datos de creación de la firma, el matriculado deberá solicitar la revocación de su certificado de firma digital de conformidad con el artículo 25 de la ley 25.506.
ARTICULO 8º: Cuando este Reglamento no establezca lo contrario, se aplicarán las disposiciones del Reglamento de Legalizaciones aprobado por el Consejo Directivo en su reunión de fecha 25 de marzo de 2020.